La Unión Europea está convirtiendo Internet en un sistema basado en autorizaciones, en el que los ciudadanos de a pie deben ceder su identidad digital para poder participar en la sociedad moderna.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está impulsando planes que obligarán a todos los usuarios de redes sociales a presentar una identificación digital aprobada por el Gobierno simplemente para iniciar sesión. Lo que se presenta como una medida de protección infantil pronto convertirá la identidad digital verificada en el precio de acceso a la vida en línea —el lugar donde la gente común trabaja, socializa, compra, debate y se organiza—.
Von der Leyen anunció esta semana que la UE está trabajando activamente para implantar una prohibición de las redes sociales para los menores en todo el bloque. «Creo que debemos plantearnos retrasar el acceso a las redes sociales», declaró en Copenhague. «En función de los resultados, podríamos presentar una propuesta legislativa este verano».
Elogió la prohibición de Australia para los menores de 16 años e instó a Europa a seguir su ejemplo: «La infancia y la primera adolescencia son años formativos, y creo que deberíamos dar a nuestros hijos más tiempo para desarrollar su resiliencia en esta etapa vulnerable».
Francia tiene previsto prohibir el acceso a los menores de 15 años a partir de septiembre, y España, Alemania, Irlanda, Dinamarca, Grecia, Austria y los Países Bajos también están impulsando normas similares. El Reino Unido va por el mismo camino.
El verdadero objetivo es: ¡todo el mundo!
Los críticos señalan la evidente falla del argumento de la «seguridad infantil»: las plataformas no pueden verificar la edad sin verificar la identidad de todos los usuarios. Para proteger a los menores, las autoridades obligarán de hecho a los adultos a subir documentos oficiales o a conectarse a través de sistemas de identificación digital vinculados al gobierno antes de poder publicar, comentar, navegar o enviar mensajes.
La UE ya ha desarrollado una aplicación de verificación de edad basada en la controvertida infraestructura del certificado digital de COVID, el mismo sistema que, según muchos, allanaría el camino para un control digital más amplio. Bruselas la está promoviendo de forma agresiva a pesar de los riesgos para la privacidad y los problemas técnicos.
Esto se aplicará a través de la Ley de Servicios Digitales (DSA), que amenaza a las empresas tecnológicas con multas de hasta el 6 % de sus ingresos globales. El resultado es claro: se acaba la participación anónima en la sociedad digital. Si te niegas a presentar tus datos, corres el riesgo de quedarte excluido de las plataformas que ahora determinan el discurso público, las oportunidades económicas y las relaciones sociales.
De la protección al permiso.
Aunque se presenta como un escudo para los niños, la política normaliza un futuro en el que el Estado decide quién puede participar en la sociedad en línea. La «seguridad» se convierte en la justificación para la identificación digital masiva y la vigilancia ampliada.
Varios países, entre ellos Polonia y Estonia, se resisten a la obligatoriedad total por motivos relacionados con el acceso a la información y la soberanía. Sin embargo, la Comisión no da señales de dar marcha atrás.
De aprobarse, esto supondría una de las intervenciones más radicales en la vida cotidiana de la Europa democrática. Para mantenerse informados, participar en debates, dirigir un negocio o, simplemente, relacionarse con otras personas en la era digital, los europeos tendrán que presentar primero su identificación digital a las autoridades.
